Hace casi dos semanas, políticos(as) y medios de comunicación como El Espectador titulaban “Histórico: Congreso aprobó la paridad en el Código Electoral” hacían referencia a la aprobación del Código Electoral en la plenaria del Senado, que entre otros aspectos, amplió desproporcionadamente en época de pandemia la oferta clientelista y burocrática de la Registraduría en sus distintos niveles a propósito de las elecciones venideras, y determinó que el proceso electoral en adelante sería tema de seguridad nacional, obstaculizando el seguimiento de su contratación toda vez que podría alegarse reserva al ser información de seguridad nacional. Esto a todas luces, contravía de la agenda de transparencia. Sin embargo, el hecho histórico era la paridad electoral mediante la ampliación de la “cuota de género” en las listas de las corporaciones públicas.
A modo de ejemplo, el Congreso colombiano está integrado por 108 senadores(as) y 171 representantes a la Cámara, sin embargo, únicamente el 19,93% son mujeres según el Boletín nro. 16 de Sisma Mujer, esto es, debajo del promedio continental y mundial. Bajo esa realidad, la ampliación de la llamada “cuota de género” consagraba un hito para muchas. Se había logrado un hecho histórico para el movimiento de mujeres, después de haberse hundido el proyecto más de seis veces, las listas de las corporaciones públicas municipales, departamentales y nacionales que eligen cinco o más curules deberían conformarse por un 50 % de mujeres (antes 30%), y las de menos de cinco curules tendrán un mínimo de 30% (sin regulación alguna previa).
Si bien el Código Electoral un avance alentador para promover la participación de mujeres en espacios de decisión, no goza de las magnitudes que se le vaticinan. La paridad real hubiera sido que el 50% de las curules fueran mujeres, como lo refería el controversial Senador Roy Barreras tildado de populista, ¿De cuando acá una paridad real es populista? Esa es la meta para superar la deuda histórica de desigualdad en materia de género, la reforma al Código es un paso más para lograrla, pero no el fin en si mismo.
Además, no se puede olvidar que el proyecto que se aprobó en la Cámara fue modificado en el Senado por propuesta del Congresista Antonio Zabaraín de Cambio Radical, que incluyó “un mico” de un parágrafo en el que se aclara que frente a listas impares, el respectivo movimiento o partido definirá si se eligen más mujeres u hombres. Seguramente, la balanza se inclinará mayoritariamente a favor del género masculino como lo refieren las cifras de Sisma, más aun si observamos la resistencia mundial a la paridad que inclusive en países como Francia es hegemónica, aunque dicha nación defiende la “Liberté, égalité, fraternité” se sanciona en 2020 nombrar a más mujeres que hombres en cargos de responsabilidad, contrariando la finalidad paritaria de la norma alegada.
Para situaciones así de infortunadas, y para los detractores de la paridad en Colombia, como la lamentable postura de la Congresista Margarita Restrepo para quien este derecho es “regalarle curules” a las mujeres, debe recordarse la frase célebre pronunciada por la sublime Magistrada estadounidense Ruth Bader Ginsburg que este año nos abandonó: "Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción", y remarco con una cita magistral en una entrevista cuando refirió "en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes (mujeres magistradas en la Corte Suprema de Estados Unidos) y yo digo “cuando haya nueve”, las personas quedan impactadas. Pero ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado", cita pertinente en un país de Juezas y de Magistrados como lo es Colombia.
El Siglo XXI es sin duda el siglo de las mujeres, pero aún no hemos logrado una igualdad, les hago la invitación a abogar activamente por una paridad real, si bien, es una empresa con múltiples obstáculos, se requiere que cada una/una de nosotras(os) politicemos los asuntos de género. También, que en la cotidianidad deconstruyamos los patrones socioculturales que siguen permitiendo una sociedad pactada desigual, que los gobernantes en sus políticas incentiven la autonomía económica de las mujeres a propósito de la coyuntura por la pandemia, que se promueva su participación real y efectiva en cargos de decisión que signifique la paridad real, -no únicamente en las listas-. En paralelo se deben promover escuelas de formación e incentivos reales para que las mujeres participen sin obstáculos, esto es, brindar herramientas para evitar su doble o triple jornada, eliminar acosos sexuales, y discursos que fomenten la discriminación en una sociedad machista en la que lo natural es ver a una mujer cuidadora en el hogar y cuestionar a la mujer que alza la voz, como si se le castigara por cuestionar los roles impuestos.
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